Los peligros de los jueces opinando de la ciencia: Gustavo Morales

Gustavo Morales

NOTA EDITORIAL # 9

Septiembre 20 de 2017

Con un gran sentido de justicia histórica, dos personas que han hecho aportes enormes a la prevención del cáncer, recibieron uno de los premios científicos más importantes. El Premio de Investigación Clínica-Médica Lasker-DeBakey, conferido por la Fundación Albert and Mary Lasker, le fue otorgado este año a Douglas Lowly y John Schiller, dos investigadores del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, que crearon la vacuna para evitar el virus del papiloma humano (VPH) se integre al organismo. Algunas variantes del virus, que se transmite sexualmente, pueden conducir al desarrollo de cáncer cervical, genital, del ano, o de la garganta. Estas enfermedades matan en el mundo a más de 250.000 personas al año.

Estos dos investigadores, por más de treinta años vinculados al Instituto, publicaron sus primeros hallazgos en 1992, y luego de muchas investigaciones adicionales posteriores, lograron demostrar que una proteína dentro del virus podía activar una respuesta inmune en el organismo humano, y ello podía ser la base de una futura vacuna. Hay que decirlo sin pena: Al principio, algunos laboratorios no mostraron mayor interés, de lo cual se arrepienten, pero al final hubo otros que sí, y hoy en día existen al menos tres tipos de vacunas, en un mercado además multibillonario. Desde que finalmente se lanzó al mercado, en 2006, la vacuna, en todas sus variantes, ha demostrado ser segura, y altamente protectora. Se espera que esta vacuna evite en los próximos 50 años cerca de 19 millones de casos de cáncer cervical y 19 millones de muertes globalmente.

El premio, entonces, es una buena excusa para dejar constancia de dos reflexiones:

Una primera idea de carácter general, no por obvia menos cierta, es que hacer inversión en investigación y desarrollo, y promover la colaboración entre el sector público y privado, siempre será más rentable socialmente que no hacerla.
En un plano más particular, y menos positivo, este premio pone de presente los riesgos que corren los países que permiten la contaminación de las políticas públicas sociales basadas en evidencia científica, con consideraciones que, disfrazadas de legalidad, son esencialmente supersticiones elegantes. La reciente sentencia de la Corte Constitucional Colombiana T-365/2017, redactada por el magistrado Alberto Rojas Ríos, es una manifestación concreta de ese riesgo.

La sentencia dedica buena parte de sus 115 páginas a dar por probado el nivel de seguridad y eficacia de la vacuna, y a desestimar cualquier vínculo entre la vacuna y los aparentes problemas de salud de la persona que interpuso la tutela, justamente alegando la existencia de ese vínculo.

Y, sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia, la Corte advirtió al Ministerio de Salud que la vacuna no puede imponerse contra la voluntad de las personas que por disposición legal son sus destinatarias, y que, por lo tanto, se requiere el consentimiento informado como condición previa para administrar la vacuna.

A los medios han sido cautos en sus críticas a esta decisión. Les ha dado como pena decir que es una barbaridad. El romanticismo constitucional, que supone un ser humano completamente racional y sujeto de todos los derechos sin consideración alguna al interés colectivo, puede llevar al fracaso de una política pública que en Colombia ha sido extraordinariamente exitosa. El consentimiento informado previo a la administración de la vacuna puede, en el mejor de los casos, convertirse en un trámite más, en un engorroso paso adicional e inútil; y, en el peor y más probable escenario, se convertirá en un freno a la diseminación en números adecuados de la vacuna. La Corte parece haberle dado peso a las supersticiones y prejuicios, disfrazándolos de consideraciones constitucionales que, dicho sea de paso, la constitución no contiene en ninguna parte.

La buena noticia es que el Magistrado Carlos Bernal advirtió, en su aclaración de voto, que el principio de precaución, tan importante en materia ambiental, no puede trasladarse de manera automática, como lo hace la sentencia, al ámbito de la salud pública, y que hacerlo “puede generar un alto riesgo de causación de daños graves para la población beneficiaria”. Esperemos esta aproximación sea la que prevalezca en el futuro, y que el Ministerio logre acatar la sentencia sin hacer daño a un exitoso ejemplo de ciencia aplicada al bienestar.

Gustavo Morales

Presidente Ejecutivo de Afidro